"Este proyecto de ley no es un texto contra las religiones, ni contra la religión musulmana en particular", dijo el primer ministro Jean Castex en una conferencia de prensa.
"Es, por el contrario, una ley de libertad, una ley de protección, una ley de emancipación frente al fundamentalismo religioso", añadió.
El texto, compuesto por unos 50 artículos, y que es presentado como uno de los últimos grandes proyectos de ley del quinquenio de Macron (2017-2022), busca responder a la inquietud de los franceses frente a la amenaza yihadista y a una reciente ola de atentados.
Incluye disposiciones para reforzar el control sobre el funcionamiento y la financiación de las asociaciones y lugares de culto, así como la lucha contra los mensajes que incitan al odio y divulgan información personal en internet.
Esta última disposición es la respuesta del gobierno al asesinato en octubre de un profesor cerca de París que había mostrado caricaturas del profeta Mahoma en una clase sobre libertad de expresión.
El maestro Samuel Paty había sido amenazado en línea antes de su decapitación por un presunto islamista a mediados de octubre. En los mensajes, publicados por algunos padres de familia, se mencionaron su nombre y el de su escuela.
La muerte de Paty se suma a la larga lista de atentados yihadistas en Francia, que incluyen las matanzas de 2015 en la redacción de la revista satírica Charlie Hebdo y en la sala de conciertos Bataclan, y un ataque en una iglesia en Niza (sur) también en octubre de este año, que dejó tres muertos.
Críticas del extranjero
El texto, presentado en el 115º aniversario de la emblemática ley de 1905 sobre el laicismo, es el resultado de tres años de reflexiones para encontrar una solución a lo que Macron denomina la "hidra" islamista.
El proyecto de ley también propone criterios más estrictos para autorizar la escolarización en el hogar de los niños mayores de tres años, con el fin de evitar que los padres saquen a sus hijos de las escuelas públicas y los matriculen en estructuras islámicas clandestinas.
Asimismo, prohibiría a los profesionales de salud realizar certificados de virginidad, bajo pena de una multa de 15.000 euros (unos 18.000 dólares) o hasta un año de cárcel, e impediría a las autoridades expedir documentos de residencia a los solicitantes polígamos.
Para luchar contra los matrimonios forzados, los funcionarios del registro civil tendrían que "hablar por separado con los futuros cónyuges cuando exista alguna duda sobre el carácter libre del consentimiento".
El texto también contiene disposiciones que prohíben que una niña no herede por el solo hecho de ser de sexo femenino.
El Ejecutivo tendrá que navegar en un contexto político delicado, después de haber visto cómo su mayoría parlamentaria se rebeló a principios de mes contra una ley de seguridad considerada "liberticida".
Además de una mayoría dividida, el gobierno también tendrá que lidiar con la oposición en pie de guerra antes del debate del proyecto de ley previsto en la Asamblea Nacional, a principios de 2021.
Tampoco faltan las protestas en el extranjero, con violentas manifestaciones antifrancesas en Bangladés o Pakistán, protestas de líderes musulmanes y críticas de la prensa anglosajona a un texto acusado de lanzar un anatema contra todos los musulmanes.
Este texto ha causado malestar incluso con Estados Unidos, uno de los principales aliados de Francia. "Cuando se es demasiado represivo, la situación puede empeorar", estimó el martes Sam Brownback, emisario de Estados Unidos para la libertad religiosa.